Rafael Santa Ana Solano, El Consejero Corrupto

Cheque la Foto del Delincuente"

Rafael Santana Ana Solano

SÍNTESIS MATUTINA DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2004

PROCURADOR

Existe una red de tráfico de influencias en la PGR; altos funcionarios de la PGR participan en una “red de tráfico de influencias” que involucra a abogados particulares, agentes del MP y Jueces, denunciaron en conferencia de prensa legisladores del Estado de México. Ofrecieron pruebas contra la doctora Maricruz Santana Solano, Secretaria de Planes y Programas del Instituto de Capacitación y Profesionalización de la PGR, ya que se dedica a litigar millonarios asuntos privados con apoyo de su hermano, el Juez 55 del Distrito Federal, Rafael Santana Solano y su padre, el conocido abogado Jesús Santana Rosell, pese a que está impedida por las leyes internas de la Institución. (Ova 4)

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Síntesis de Revistas del 20 de noviembre de 2004

PROCURADOR

Tráfico de influencias en la PGR; la Dependencia enfrenta dicha acusación contra la doctora en derecho Maricruz Santa Ana Solano, Secretaria de Planes y Programas del Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal, quien es acusada de “recurrir a su cargo para litigar a favor de particulares”. La funcionaria es hermana del Juez 55 penal del Distrito Federal, Rafael Santa Ana Solano e hija del abogado litigante Rafael de Jesús Santa Ana Rosell, quien promueve diversos juicios en el DF y en el Estado de México contra el empresario Miguel Agustín González Aguilar y hermanos, dueños de verificentros, mismos que acusan a la funcionaria de la PGR de influir desde su alto cargo para favorecer al despacho de su progenitor. El caso se inscribe en el acuerdo A/106/04, del Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, por el que creó la Fiscal Especial para el combate a la Corrupción en la Institución, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto del presente. Según los documentales que aporta la defensa de Aguilar González, la doctora en derecho, independientemente del cargo que desempeña en la PGR, también realiza labores de litigante en el Estado de México, “coadyuva como autorizada para oír y recibir notificaciones y documentos en el juicio ordinario civil reivindicatorio promovido por Jesús Corona Sánchez en contra de José Antonio González Aguilar, expediente número 898/02 tramitado ante el Juez Décimo Segundo de lo Civil de Cuantía Mayor en Huixquilucan, Estado de México, del cual se acompaña a este escrito copia simple de la demanda fechada el 23 de septiembre de 2002, y el cual firma como abogado patrono Rafael Jesús Santa Ana Rosell, ascendiente directo (padre) de la funcionaria de la PGR”. (Forum 17)

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Rafael Santana Ana Solano, Juez 55 Penal del DF Corrupto.

Rafael Santana Ana Solano, Juez 55 Penal del DF Corrupto.

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Libera Juez a inculpado por temor

2 Junio, 2006 - 00:00
CREDITO:
Rubén Torres / El Economista

Ante el temor de ser implicado ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por tráfico de influencias y cohecho, Rafael Santana Solana, juez 55 de lo Penal, determinó ayer desechar el juicio penal que interpuso Laura Patricia Canavati Farah, familiar de Ricardo Canavati, presidente municipal priísta de Monterrey, Nuevo León, contra el empresario de la construcción, Pedro Checa Acra.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJDF) capitalino informaron que el juez del Reclusorio Oriente determinó dejar en libertad al inculpado, dado que trascendió que Canavati Farah divulgó que había pagado cerca de 300,000 pesos para que la causa penal 967/2003 le fuera favorable y se girara orden de aprehensión contra su exconyuge, que no procedió porque había irregularidades incluso desde la misma PGJDF.

La decisión del impartidor de justicia la justificó luego que el caso inició primero como una querella civil de divorcio y, posteriormente, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), consignó ante ese Juzgado, el cual debería de resolverse en tribunales de otra naturaleza. Además de que se reportó que un perito de la PGJDF había recibido un soborno de 100,000 pesos para aprobar evidencias de "violencia familiar" en un juicio que se remonta a hace 10 años, que fue revivido, precisamente por "tráfico de influencias".

Tráfico de influencias en la PGR

Feliciano Hernández

La Procuraduría General de la República (PGR) enfrenta una acusación de tráfico de influencias contra la doctora en derecho Maricruz Santa Ana Solano, secretaria del Planes y Programas del Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal, de la PGR, quien es acusada de "recurrir a su cargo para litigar a favor de particulares". La funcionaria es hermana del juez 55 penal del Distrito Federal, Rafael Santa Ana Solano, e hija del abogado litigante Rafael de Jesús Santa Ana Rosell, quien promueve diversos juicios en el Distrito Federal y en el estado de México contra el empresario Miguel Agustín González Aguilar y hermanos, dueños de verificentros, mismos que acusan a la funcionaria de la PGR de influir desde su alto cargo para favorecer al despacho de su progenitor. El caso se inscribe en el Acuerdo número A/106/04, del procurador general Rafael Macedo de la Concha por el que creó la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en la institución, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto del presente y en vigor desde el día siguiente a su publicación. Según denuncia la familia González Aguilar, la funcionaria de la PGR litiga a favor del despacho paterno. Aunque ella negó la acusación en la averiguación previa PGR/NAU/145/2003-II, argu-mentando que nunca ha tenido intervención en los juicios aludidos y que la acusación de tráfico de influencias no la involucra, porque no participa en la administración de justicia como magistrado, ministerio público o perito. "Es hasta ahora que me estoy enterando que estoy autorizada en los juicios que se mencionan y esto, supongo, debe haber sido a que dichas demandas han usado formatos de los escritos que usa mi señor padre... con quien laboré hasta el año de 1997". La declaración de la doctora Santa Ana -replica la defensa- "es con-tradictoria, porque en las controversias que su papá, Santa Ana Rosell, tiene contra la familia González Aguilar, existen otras demandas en donde ella no aparece como coadyuvante". Resaltan que la funcionaria de la PGR "sólo aparece en juicios en donde están de por medio propiedades por un monto de 2.5 millones de dólares y el hecho de que la doctora Maricruz aparezca en los juicios aquí referidos, tiene como objetivo que estas acciones concertadas se traduzcan en ventajas para el despacho de su papá, cuyo cliente es Jesús Corona Sánchez". Los afectados sostienen que han sido perjudicados por la familia Santa Ana (la funcionaria, el juez y el litigante) "quienes han influido con sus amplias relaciones para favorecer los asuntos que manejan". En este caso los González Aguilar se sienten en desventaja para su propia defensa y están en riesgo de perder el equivalente a 2.5 millones de dólares que es el monto de las propiedades que les disputa Corona Sánchez, incluida una residencia en el exclusivo fraccionamiento La Herradura, en Huixquilucan, estado de México. El diputado federal del PRD Omar Ortega Alvarez quien ha tomado conocimiento del caso de los González Aguilar, precisa que el tráfico de influencias es una práctica que afecta la estricta aplicación del Estado de derecho y fomenta las actividades del crimen organizado. "El tráfico de influencias es equiparable al crimen organizado, (para que esta actividad criminal se concrete se requiere la participación de funcionarios responsables de combatir la delincuencia) y esta mentalidad criminal -explica el diputado-, se materializa con las actuaciones de la doctora en derecho Maricruz Santa Ana Solano, profesionista que ocupa un puesto de relevancia en la Procuraduría General de la República". Según las documentales que aporta la defensa de Aguilar González, la doctora en derecho Maricruz Santa Ana Solano, independientemente del cargo que desempeña en la PGR, también realiza labores de litigante en el estado de México. "Coadyuva como autorizada para oír y recibir notificaciones y documentos en el juicio ordinario civil reivindicatorio promovido por Jesús Corona Sánchez en contra de José Antonio González Aguilar, expediente número 898/02 tramitado ante el juez décimo segundo de lo civil de cuantía mayor en Huixquilucan, estado de México, del cual se acompaña a este escrito copia simple de la demanda fechada el 23 de septiembre de 2002, y el cual firma como abogado patrono Rafael de Jesús Santa Ana Rosell, ascendiente directo (padre) de la funcionaria de la PGR". Asimismo la funcionaria en referencia aparece autorizada -con fecha del 24 de marzo de 2003- "para oír y recibir toda clase de notificaciones" en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo presentado por Rafael de Jesús Santa Ana Rosell en su carácter de endosatario en procuración de los señores Jesús Corona Sánchez y otros (Jesús Corona Cruz Verónica Romero Gutiérrez, Joana Verónica Romero Corona) en el juicio ejecutivo mercantil promovido en contra de Miguel Agustín González Aguilar y otros (María Guadalupe Padilla Hernández, Yolanda González Aguilar y María de Lourdes Leticia González Aguilar), que se tramitó ante el Juzgado Noveno de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla (Toca 205/2003).

Falsifican peritajes

Como resultado de las "controversias" entre Jesús Corona Sánchez ("a quién patrocina la funcionaria de la PGR") contra Miguel Agustín González Aguilar, se requirió la intervención de peritos en materia de caligrafía y grafoscopía. La autoridad citó a Salvador Biciego Lascurain y Fernando García Benítez, quienes validaron las firmas de los documentos impugnados por la defensa. Ambos peritos estudiaron en el instituto donde está adscrita la doctora en derecho y por lo cual la defensa tiene motivo para presumir "una relación académica". Los González Aguilar afirman que "los dictámenes de dichos peritos son parciales y avalan la falsificación de sus firmas". Pero otra perito en grafoscopía, Xóchitl Cruz Mendoza, de la PGJDF, les dio la razón al concluir que: "sí son falsas (las firmas de los afectados) producto de una imitación de trazos todas y cada una de las firmas que como de los señores -los defendidos- se presentan en los documentos cuestionados". La defensa del empresario aclara que "Fernando García Benítez es perito en la PGR y fue consignado en la averiguación previa FSPI/160/2003 radicada en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), en la denuncia que interpuso Miguel Agustín González Aguilar en contra Jesús Corona Sánchez por el delito de uso de documento falso. También señala que la parte acusadora "el señor Jesús Salvador Corona Sánchez y/o Jesús Corona Sánchez tiene antecedentes penales en la PGJDF por los delitos de robo, averiguación previa 24/4425/1989 del 18 de junio de 1989, y es presunto responsable de robo y daño en propiedad ajena". Los peritajes -abunda la defensa- dentro de la racionalidad jurídica sólo representan una parte dentro de un juicio y los ministerios públicos y jueces deben valorarlos dentro de una diversidad de pruebas para dictaminar una resolución de carácter jurisdiccional. En este caso, aseguran los afectados, vuelve a aparecer la presunta influencia de los hermanos la doctora Maricruz Santa Ana Solano, de la PGR, y el juez 55 penal del Distrito Federal, Rafael Santa Ana Solano. Ellos han influido en estos juicios para que magistrados, jueces y ministerios públicos resolvieran sólo con peritajes estas controversias a favor de Rafael de Jesús Santa Ana Rosell y su cliente Jesús Corona Sánchez".

También la PGJDF se hace la occisa

En su deambular por los juzgados, la defensa de los González Aguilar llegó a la PGJDF, a cargo de Bernardo Bátiz. "Los actos de corrupción y el tráfico de influencias llegan también a esta institución en donde se ha detenido la impartición de justicia". El diputado Omar Ortega solicitó al procurador Bátiz Vázquez -en carta membretada y con acuse de recibo fechado el 10 de septiembre del año en curso- que las consignaciones contra los González Aguilar no se enviaran a los juzgados del Reclusorio Oriente, "pero esta petición fue desechada por el subprocurador Renato Sales Heredia, no obstante que este funcionario tiene conocimiento de que el licenciado Rafael Santa Ana Solano juez 55 del Reclusorio Oriente -hermano de la funcionaria de la PGR e hijo del abogado que promueve la acusación-, tiene influencia en estos juzgados y esto generaría un conflicto de interés". El diputado apunta en su carta al procurador Bátiz: "La familia González Aguilar en los últimos dos años ha enfrentado una diversidad de actos simulados contrarios a derecho, operados mediante una acción concertada por funcionarios públicos de las procuradurías General de la República, la del estado de México y la del Distrito Federal". La defensa de los González Aguilar decidió denunciar públicamente tales irregularidades y presuntos ilícitos al tiempo que reclama a la PGR investigar si se trata de una banda criminal, puesto que, como ya se mencionó hay antecedentes delictivos en el caso. "Esta banda criminal ha realizado otros ilícitos en donde han despojado de propiedades a otros particulares y tienen influencias para desaparecer los expedientes en los archivos históricos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal". Resaltan que "Jesús Corona Sánchez está asociado a los negocios de los verificentros y sus operaciones ilícitas corresponden a una acción concertada con grupos de interés vinculados a estos negocios para despojar de sus propiedades a los hermanos González Aguilar". También solicitan a la PGR "investigar las operaciones de estos sujetos, toda vez que Jesús Corona Sánchez se dedica a la venta de lotes de vehículos y porque maneja sumas millonarias para prestar dinero como agiotista". Finalmente, también piden a las procuradurías "investigar si el dinero que maneja Corona Sánchez es propio o pertenece a las familias Santa Ana Solano y Santa Ana Rosell y si es de procedencia lícita o producto de actividades criminales"

Quiso meter a la cárcel a su ex por matar un hamster

El Consejero Corrupto pedia hasta 300 Mil Pesos


JAVIER DIVANY BÁRCENAS
El Universal
Domingo 04 de junio de 2006
Gráfico, página 10

Un juez penal en el DF dictó libertad absolutoria a un empresario que era acusado del delito de violencia intrafamiliar, por haber matado supuestamente a una mascota. La acusación fue hecha por su ex esposa, quien pretendía quedarse con 50% de los bienes e, incluso, los abogados de ésta intentaron sobornar al impartidor de justicia para que la sentencia fuera en contra del inculpado.

Después de ser exhibido el juez 55 de lo penal en el DF, Rafael Santana Solano, y el secretario de Acuerdos Ernesto Asencio González, por parte del empresario Pedro Checa Acra y sus abogados, quienes señalaban anomalías en el proceso, la decisión tomó otro rumbo y ayer el acusado fue liberado.

El caso data del 2003, cuando Laura Patricia Canavati presentó una demanda de divorcio en contra de Checa Acra, bajo argumentos de adulterio, violencia familiar continua, alcoholismo y abandono de hogar.

En aquella ocasión, Canavati Farah, mediante su abogado, Flavio Suárez Morales, sobornó a la perito en sicología Olga Leticia Galicia García con 150 mil pesos para que rindiera un dictamen favorable a su causa.

El fallo le resultó adverso a Canavati, pero ésta lo que realmente quería era 50% del capital de su esposo, pese a que ya tenían 10 años de separados.

La mujer presentó la denuncia en la PGJDF por violencia familiar continua porque supuestamente mató a una mascota (un hamster), para seguidamente agredir con la misma arma a Canavati y luego huir.

El fiscal en Miguel Hidalgo, Carlos Gurrea, ordenó el inicio de una averiguación y luego la consignó, hasta en tres ocasiones, ante un juez de paz penal, quien la rechazó igual número de veces. Después, la consignación fue hecha ante el Juzgado 55 Penal, donde sí fue admitida y, en abril de 2005, obsequió la orden de aprehensión contra Checa, por lo que el indiciado decidió ampararse.

En días pasados, la misma Canavati se comunicó con Checa y le advirtió: "Es mejor que lleguemos a un arreglo, el asunto ya está apalabrado. Para ello entregamos 300 mil pesos al juez". Al ser revelado esto, ayer la decisión del juez 55 penal cambió, pues el inculpado quedó absuelto de todo cargo.

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